Por Jesús Pando Díaz, abogado penalista
En los últimos días se han publicado informaciones periodísticas que vinculan, según lo difundido por medios de comunicación, la existencia de mensajes y comunicaciones intervenidas a figuras como Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Koldo García, Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos, el directivo Javier Hidalgo y el secretario general de ONU Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, en relación con supuestas gestiones e intermediaciones entre la OMT/ONU Turismo, Air Europa/Globalia y República Dominicana.
Conviene subrayar desde el inicio que una publicación periodística no equivale a un hecho declarado probado, ni la existencia de diligencias implica culpabilidad alguna. No obstante, desde un punto de vista jurídico, estas noticias reactivan el interés social por varias figuras penales: tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y corrupción en los negocios, así como por la relevancia probatoria de las comunicaciones (WhatsApp) en una investigación penal.
Desde PANDO ABOGADOS analizamos —de forma divulgativa y sin prejuzgar— qué significa cada uno de estos delitos y cuándo podrían entrar en juego en contextos de relaciones institucionales, patrocinios, convenios y decisiones con impacto público.
- ¿Qué es el tráfico de influencias y por qué aparece en este tipo de noticias?
El tráfico de influencias se asocia a situaciones en las que una persona —por su posición, relaciones o acceso— pretende influir en un decisor público o en el entorno de la decisión administrativa para obtener una ventaja.
En escenarios como los mencionados en las informaciones —intermediación de Víctor de Aldama, contactos en el entorno ministerial con Koldo García, referencias a Moncloa y al entorno de Zurab Pololikashvili y Air Europa/Globalia— el debate penal suele girar en torno a:
- si existió o no una gestión de influencia real y efectiva,
- si esa influencia estaba conectada con una decisión pública concreta (contrato, cesión, subvención, rescate, convenio, etc.),
- y si existía una finalidad de beneficio indebido para tercero o para sí.
El tráfico de influencias no se presume: requiere delimitación de hechos, contexto, rol de cada interviniente y una conexión material con decisiones públicas.
- ¿Cohecho? La clave es la contraprestación
El cohecho suele aparecer cuando se investiga si hubo dádivas o promesas a un cargo público (o a persona en el entorno funcional de la decisión) a cambio de un acto propio del cargo o relacionado con sus competencias.
En noticias donde se mencionan pagos, comisiones o entregas —por ejemplo, manifestaciones atribuidas a Koldo o a terceros sobre dinero— el punto jurídico esencial es siempre el mismo:
- ¿Hay un intercambio acreditable entre dinero/ventaja y acto público?
- ¿Puede probarse que una decisión o trámite se hizo “a cambio de”?
En penal, no basta el rumor ni el relato mediático: el cohecho exige prueba seria del nexo entre entrega y decisión.
- Malversación y prevaricación: cuando la decisión es pública
Dos delitos que aparecen habitualmente en macrocausas y asuntos de trascendencia institucional son:
Prevaricación
Se discute cuando se investiga si una autoridad dictó una resolución injusta a sabiendas. No es “una decisión discutible”: el umbral es alto y exige acreditar injusticia y consciencia.
Malversación
Puede entrar en debate si hay uso irregular de caudales o efectos públicos o desviación de fondos, siempre dependiendo del caso concreto y del soporte probatorio.
Si el foco se sitúa en decisiones como cesiones de inmuebles, financiación pública, rescates o contratos, el análisis penal suele pivotar sobre:
- competencia del órgano,
- expediente administrativo,
- motivación,
- trazabilidad del dinero,
- y finalidad del acto.
- Corrupción en los negocios y delitos societarios
Cuando aparecen referencias a empresas privadas (por ejemplo, Air Europa/Globalia, filiales, patrocinios o proyectos), puede discutirse también el encaje de figuras como:
- corrupción en los negocios (en el ámbito estrictamente privado),
- administración desleal,
- o delitos contables/fiscales,
dependiendo de si existieron pagos u operaciones que pretendieran alterar decisiones internas en perjuicio de la entidad o de terceros.
Es importante distinguir: no todo patrocinio, convenio o relación corporativa es delictiva; el Derecho penal exige hechos concretos, intención, y perjuicio o ventaja indebida.
- WhatsApps, intermediarios y “entornos”: ¿sirven como prueba penal?
Las comunicaciones (WhatsApp, audios, correos) son piezas frecuentes en investigaciones complejas. Pero su valoración no es automática:
- una frase “comprometedora” puede ser ambigua,
- puede carecer de contexto,
- o no tener conexión con un acto público.
Por eso, en un procedimiento penal serio se analiza:
- autenticidad e integridad (cadena de custodia),
- contexto temporal,
- relación con decisiones,
- corroboraciones externas (reuniones, expedientes, transferencias, testigos, etc.).
La prueba digital, por sí sola, rara vez basta sin corroboración.
- ¿Qué pasa cuando se menciona a figuras públicas como Pedro Sánchez o Begoña Gómez?
En noticias de gran impacto donde se mencionan autoridades o personas de relevancia pública (como Pedro Sánchez) o su entorno (como Begoña Gómez), el tratamiento jurídico debe ser especialmente prudente:
- no se puede hablar de culpabilidad sin resolución judicial,
- y el análisis debe centrarse en figuras penales abstractas, no en atribuciones personales.
La clave es la misma para cualquiera: en Derecho penal, la responsabilidad es personal, individualizable y requiere prueba.
Las informaciones publicadas sobre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Koldo García, Víctor de Aldama, José Luis Ábalos, Javier Hidalgo y Zurab Pololikashvili, en relación con OMT/ONU Turismo, Air Europa/Globalia y República Dominicana, ponen de actualidad varias figuras penales vinculadas a la corrupción pública y privada.
Desde un enfoque jurídico, lo relevante siempre será:
- qué hechos pueden acreditarse,
- cuál era la competencia y el rol de cada interviniente,
- si existió ventaja indebida,
- y si hay conexión probada con decisiones públicas o privadas.
En un Estado de Derecho, el debate penal no se resuelve con titulares, sino con hechos, garantías procesales y prueba.
Jesús Pando Díaz
Abogado Penalista
Socio Director de PANDO ABOGADOS
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