Por Jesús Pando Díaz, abogado penalista
El reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha suscitado un intenso debate jurídico en torno a la posible responsabilidad penal derivada de grandes siniestros, en particular en relación con el delito de homicidio imprudente cuando se producen resultados mortales o lesiones de especial gravedad.
En situaciones de esta naturaleza, es habitual la apertura de una investigación judicial para esclarecer los hechos. Ahora bien, desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta imprescindible analizar cuándo un accidente ferroviario puede dar lugar a responsabilidad penal y en qué supuestos no concurren los requisitos exigidos por el ordenamiento penal.
- Resultado lesivo y responsabilidad penal: una distinción necesaria
El Derecho penal español no sanciona resultados, sino conductas. La producción de un resultado trágico, por sí sola, no determina automáticamente la existencia de delito.
Para apreciar responsabilidad penal por homicidio imprudente es necesario acreditar, de forma cumulativa:
- una conducta humana concreta, atribuible a una persona determinada,
- una infracción del deber objetivo de cuidado,
- una imprudencia penalmente relevante,
- y una relación de causalidad jurídicamente imputable entre dicha conducta y el resultado producido.
En accidentes ferroviarios, donde concurren múltiples factores técnicos, organizativos y humanos, este análisis debe realizarse con especial rigor.
- La apertura de diligencias penales tras un accidente ferroviario
Tras un suceso como el de Adamuz, lo habitual es la incoación de Diligencias Previas, cuyo objeto es verificar si los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal.
Durante esta fase se analizan, entre otros aspectos:
- las causas técnicas del accidente,
- los sistemas de seguridad existentes,
- los protocolos operativos aplicables,
- y la intervención concreta de las personas potencialmente implicadas.
La investigación penal tiene una finalidad esclarecedora, no punitiva, y debe respetar en todo momento los principios de presunción de inocencia y responsabilidad personal.
- El delito de homicidio imprudente: requisitos jurídicos
El homicidio imprudente exige la concurrencia de una imprudencia penalmente relevante. No todo error, deficiencia técnica o fallo operativo alcanza este umbral.
Desde el punto de vista jurídico, es esencial diferenciar entre:
- riesgos inherentes a la actividad ferroviaria,
- fallos técnicos no previsibles o no evitables,
- deficiencias organizativas o estructurales,
- y conductas individuales que supongan una infracción grave del deber de cuidado.
Solo estas últimas pueden fundamentar una imputación penal personal.
- La posición de garante y sus límites
En investigaciones de esta naturaleza suele invocarse la denominada posición de garante, especialmente respecto de profesionales con funciones de supervisión o control.
No obstante, la atribución de responsabilidad penal por omisión exige acreditar:
- la existencia de un deber jurídico concreto de actuar,
- una capacidad real y efectiva de evitar el resultado,
- y que la omisión sea jurídicamente relevante en la producción del daño.
La mera titularidad de un cargo, función o responsabilidad organizativa no basta por sí sola para fundamentar responsabilidad penal.
- La prueba pericial como elemento central del procedimiento
En accidentes ferroviarios, la determinación de responsabilidades penales descansa fundamentalmente en la prueba pericial.
Informes técnicos, análisis de causalidad, estudios de riesgos y evaluación de protocolos constituyen el eje central del procedimiento penal. Su valoración debe ser:
- objetiva,
- técnicamente fundada,
- y jurídicamente compatible con los principios de imputación penal.
La correcta interpretación de esta prueba resulta decisiva para delimitar el alcance de la responsabilidad penal.
- Diferenciación entre responsabilidades penal, civil y administrativa
Es fundamental distinguir entre:
- responsabilidad penal,
- responsabilidad civil,
- y responsabilidad administrativa o disciplinaria.
No toda irregularidad técnica ni toda deficiencia organizativa tiene relevancia penal. El Derecho penal actúa como última ratio, reservándose para los supuestos en los que concurren todos los elementos típicos exigidos por la ley.
El accidente ferroviario de Adamuz pone de relieve la complejidad jurídica de los grandes siniestros y la necesidad de realizar un análisis individualizado, técnico y jurídicamente riguroso de cada conducta investigada.
La determinación de una eventual responsabilidad penal por homicidio imprudente exige superar un elevado umbral jurídico, basado en la acreditación de una imprudencia penalmente relevante y una imputación personal concreta.
Desde PANDO ABOGADOS, abordamos este tipo de procedimientos con un enfoque estrictamente jurídico, garantista y respetuoso con los principios esenciales del Derecho penal.
Jesús Pando Díaz
Abogado Penalista
Socio Director de PANDO ABOGADOS
Calle Alcalá 404 bis, Primera Planta, Local 2 – 28027 Madrid